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Condenan a un general y 8 militares en Colombia por la ejecución extrajudicial de 130 personas

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Condenan a un general y 8 militares en Colombia por la ejecución extrajudicial de 130 personas

Los responsables de los crímenes asesinaron a esas personas, entre 2002 y 2003, bajo la estrategia de ‘falsos positivos’.
Condenan a un general y 8 militares en Colombia por la ejecución extrajudicial de 130 personas
El general Mario Montoya Uribe, habla en una conferencia de prensa, en Bogotá, Colombia, el 26 de marzo de 2007
William Fernando Martinez / AP

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este miércoles al general retirado Mario Montoya Uribe y otros ocho militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al estar señalados de cometer más de 130 ejecuciones extrajudiciales que fueron reportadas como «bajas en combate», en el departamento de Antioquia, entre 2002 y 2003.

Los crímenes atribuidos a Montoya y los demás uniformados forman parte del ‘Subcaso Antioquia I’ del ‘Macrocaso 03’, expediente que investiga crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, como asesinatos y desapariciones forzadas, un patrón extendido del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y que es conocido también como ‘falsos positivos’.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, informó en rueda de prensa que las investigaciones determinaron que Montoya, como comandante de la Brigada IV del Ejército, con sede en Medellín, impuso a sus subalternos la ejecución de ‘falsos positivos’.

«Los ‘falsos positivos’ en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época 2002-2003. En la Brigada IV, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar ‘muertes en combate’ como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército», dijo Díaz.

La magistrada agregó que «la presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la Brigada, general retirado Mario Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente el Batallón de Infantería N°4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales».

La JEP determinó que Montoya Uribe, quien luego fue jefe del Comando Conjunto Caribe y comandante del Ejército de Colombia, dio la «orden recurrente» y la «obligación» a sus subalternos de reportar el éxito de sus operaciones militares, en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre. De las 130 víctimas documentadas, 11 eran niños, cuatro niñas, cinco mujeres y tres personas con discapacidad.

Además, de los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP, 33 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas.

¿Quiénes son los otros responsables y qué crímenes cometieron?
Montoya Uribe es acusado como «autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad» por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.

La decisión contra el excomandante del Ejército se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas (53 en 2002 y 77 en 2003) presentadas ilegítimamente como «bajas en combate» y que fueron cometidas en 16 municipios de Antioquia, sobre todo al oriente del departamento, en localidades como San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.

Por estos mismos crímenes, añadió Díaz, fueron imputados los tenientes coroneles retirados Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del BAJES.

«La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte, en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como ‘bajas en combate'», detalló la magistrada.

Como coautores de estos crímenes fueron imputados: el comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Castañeda Morales; el comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Carvajal Chisco; el comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Toro; el comandante de la batería Cañón, subteniente José Ramírez; el comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Guzmán Patiño y el soldado regular Óscar Mayo Marulanda.

La JEP explicó que «el fenómeno criminal» fue implementado aún cuando los jefes militares debían garantizar la vida de las personas y proteger a la población civil. En cambio, impusieron «una política de facto» que no tuvo en cuenta el derecho internacional humanitario (DIH). «No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate».

Violencia militar en Antioquia
La JEP detalló que Antioquia concentra el mayor número de ‘falsos positivos’ registrados en el ‘Macrocaso 03’. De las 6.402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008, 1.613 fueron asesinadas y desaparecidas en ese departamento, es decir, 25,19 % del total.

En el caso del oriente antioqueño, zona priorizada por la JEP, la institución documentó que el patrón de los ‘falsos positivos’ fue perpetrado en tres modalidades:

Sacar a las víctimas de sus casas, trabajos o interceptarlas en transportes y vías públicas para luego señalarlas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.
Engañar a personas en condiciones de calle o de vulnerabilidad socioeconómica para trasladarlas al sitio donde las asesinaban y luego presentarlas como guerrilleros dados de baja en combate.
Asesinar y desaparecer a personas detenidas y protegidas por el DIH cuando ya estaban fuera de combate.

Estas acciones, agregó Díaz, trazaron «una política para la victoria militar», que principalmente se evidenció en el oriente antioqueño. «En la práctica, de facto, el general Montoya implementó una política en la que el único indicador real por el que se exigía, medía, comparaba y requería a todas las unidades militares, eran las bajas», dijo.

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La juez indicó que la JEP continúa investigando los hechos en Antioquia entre 2004 y 2006 y otros «ilustrativos de 2007». También indaga la actuación de Montoya Uribe en otros actos similares cuando fue comandante del Comando Conjunto Caribe y, luego, del Ejército Nacional.

Entre tanto, Díaz precisó que hasta la fecha la JEP ha imputado a 62 personas por el expediente de ‘falsos positivos’. Además, recordó que el organismo estudia otros crímenes ejecutados en Antioquia por los agentes del Estado en connivencia, asociación o en operaciones conjuntas con grupos paramilitares, que forman parte del ‘Macrocaso 08’.

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Autor Admin Sfm Noticias

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